electricista sant cugat barriss

Trabajo De Albañil Oficial De 1ª En Móstoles

Me ofrezco como autónomo electricista, mi número de instalador autorizado es Nº IBTE 3729 llevo más de 22 años en el sector eléctrico de alta y baja tensión. Sus padres vendieron lo que pudieron para pagar un abogado que poco nada hizo ante una amenaza de sentencia de hasta 30 años de cárcel. Su caso fue tomado entonces por la Fundación Pro-Mujer de Quintana Roo, que empezó a darlo a conocer en el país y en el mundo. Como vemos en el caso de Yasuri Zac-Nicté, las mujeres pueden ser incluso encarceladas por sufrir un aborto involuntario, mientras demuestran si éste realmente fue espontáneo.

Para los policías y jueces de México esta nueva legislación es una magnífica excusa para no enfrentar a los verdaderos criminales. Hay que tomar medidas para reducir su incidencia y la forma más eficaz es promover el conocimiento de las técnicas de anticoncepción. Lo que debe hacer el Senado es eliminar todos los aumentos de impuestos y obligar al gobierno a recortar en serio su gasto.

La solución al problema del presupuesto no radica en elevar el precio previsto del petróleo ni en aumentar el déficit y, en consecuencia, la deuda pública, como plantean algunos senadores. El dinero público es calculado y repartido en función de los apetitos de esa élite y no de las necesidades de la ciudadanía. El diseño del paquete económico 2010 confirma una especie de incautación de los recursos públicos -del pago ciudadano- por las élites políticas. En un sistema inequitativo, de recaudación discrecional, la élite política literalmente incauta ese ingreso para sus propósitos de perpetuación.

Usa el dinero para sostener el oneroso aparato público y también para que los gobernadores dispongan de recursos para el financiamiento de campañas electorales y la perpetuación de sus grupos en el poder. El problema de fondo es la disponibilidad de internet para la población de manera masiva, incluyente y socializadora. No es una mala iniciativa usarlos para impedir la incautación por parte de la élite política de los recursos públicos.

La irritación causada por la forma y el contenido de las decisiones parlamentarias en materia de impuestos ha molestado a muchos pero sobresale en ello la reunión de usuarios de internet contrarios al impuesto del 3 por ciento en servicios de telecomunicaciones. Un grupo de twiteros acudió al Senado de la República a solicitar a quienes ejercerán el papel revisor de las decisiones de los diputados que impidan ese impuesto. Porque el problema no es estrictamente el impuesto al servicio de internet en un país que permanece rezagado en el acceso, el uso y el desarrollo de la nueva tecnología.

Los partidos han pasado de la oposición al gobierno y del gobierno a la oposición sin que haya aparecido una idea distinta de lo político. El nuevo partido gobernante ha resultado el mejor discípulo de su antecesor, mientras los priistas mantienen fidelidad por sí mismos. Poco entendemos de nuestro pasado reciente si creemos que ese partido era solamente un proveedor de ofrendas al Presidente en silenciosa espera de su gracia.

Seguramente exagerábamos al hablar de un absolutismo presidencial, pero es innegable que la figura del Ejecutivo era imponente y que apenas encontraba resistencias visibles. Pero lo que apunto ahora no es cuánto podía hacer la cabeza del gobierno sino cuál era su mirador, cuál era el entendimiento del oficio, de qué manera se orientaba su decisión, cuáles eran los linderos comúnmente aceptados, cuál era el terreno que pisaba.

La hegemonía vestía el traje de un imperio, pero se basaba en un barroco dispositivo de equilibrios y compensaciones. Una cuidadosa economía del poder más preocupada con la flotación de la paz que con la ruta de navegación que pusiera en riesgo el pacto. Ese sentido profundamente tradicionalista de la prudencia marcó al régimen priista y ésa es la herencia profunda que los panistas han aceptado. Una se basa en la propela, en el movimiento, en la estela que dibuja con su avance.

La política en México, desde hace muchas décadas, es política de balsa: política cuya ambición central es mantener la nariz arriba del agua. En eso se entienden bien panistas y priistas: cogobiernan para defender una plataforma flotante. Así, los gobiernos que se han sucedido recientemente, en alianza con sus antiguos adversarios, continúan rindiéndole tributo a la política de la inercia. Los presidentes panistas han resultado, a pesar de sus arranques, guardianes de la herencia. Si lo que urge son incentivos al consumo y a la inversión, el paquete del Presidente en cambio impone frenos vía impuestos.

El argumento central contra el alza en impuestos es la inconsistencia de la medida con las necesidades de la economía mexicana frente a una crisis económica que ha pegado más fuerte de lo previsto. De aprobarse alguna de las versiones de paquete fiscal que están hoy sobre la mesa, los recursos que irán directo a las arcas de los estados oscilarán entre 10 y 20 mil millones de pesos.

Lo que necesitamos de los legisladores federales es trabajo para alinear la canalización de más recursos para los estados con la implementación de sistemas de contabilidad que faciliten la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Que empiecen por dar homogeneidad a la contabilidad en las finanzas estatales para que no se nos traspapelen 11 mil millones de pesos. Tanto así, que durante los meses más cercanos al actual se ha observado un desplome pronunciado.

Esto -el meter nombramientos al trueque político-, aunque indeseable, al menos nos deja con la ilusión de que las posiciones llenadas importan y de ahí el interés en ponerle fierro al ungido. Pero lo que es más preocupante es que las credenciales no importen, porque eso sí es una falta de respeto para la institución. Hasta el día de hoy, ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores tienen facultad alguna para determinar los precios de los combustibles en el mercado doméstico. En relación con el déficit, creo que fijarlo en uno por ciento del PIB no es dramático por sí mismo.

La idea de algunos senadores del PRI, que luego fue rechazada, de aumentar en 20 centavos los precios de las gasolinas como otra opción para captar recursos, fue -por lo menos en términos estrictamente legales- una gran cortina de humo. Aunque todos saben en el Gobierno que las políticas de precios es una decisión de la Presidencia de la República sobre la base de las propuestas de Hacienda. Lo único que requiere es calcular el IEPS derivado de las gasolinas y el diesel, que asciende a 20 mil 856 millones de pesos. El único compromiso del Gobierno es que los precios de las gasolinas sigan fijos hasta el fin de año.

Los movimientos que tengan en el 2010 -si se aspirara a cumplir la Ley de Ingresos como ha sido aprobada por los diputados- dependerán de qué pase con los precios de las gasolinas en EU. Cuando en el sexenio pasado se aprobó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluyó una metodología para estimar el precio del petróleo. Se buscaba con ella evitar criterios discrecionales en su fijación, pues en el pasado había una tendencia a la sobrestimación de los petroprecios, en el afán de estirar el Presupuesto.

Sin embargo, por lo menos desde el año pasado, se han hecho interpretaciones laxas de la metodología y de nueva cuenta el precio ha dependido de las opiniones de los legisladores. Con un poco de suerte, la estimación de 63 64 dólares que algunos en el Senado quieren poner puede obtenerse en el 2010, pues el promedio del mes de octubre estará cercano a los 68 dólares por barril, y el cierre del viernes pasado fue de 73.2 dólares por barril. El tema de fondo, sin embargo, es que, una vez más, una potencial reforma fiscal de fondo quedó para el olvido.